La Democracia Económica es un movimiento filosófico y político que sugiere la transferencia del poder de decisiones desde una minoría de accionistas (stockholders en inglés) o empresarios hacia la mayoría de partes interesadas (stakeholders en inglés), dando mayor importancia a la sociedad frente a los mercados y un sistema político de democracia directa, lo que se suele denominar en su conjunto como democracia inclusiva.^[1]​

Mientras no haya una propuesta definitiva de cómo lograrlo, todas las propuestas de instauración y los ejemplos concretos se basan en un conjunto central de asunciones fundamentales.

El término fue popularizado por el economista estadounidense J. W. Smith, quien formó el Instituto por la Democracia Económica.^[2]​ Sin embargo, sus ideas se basan en otras anteriores, tales como las de C.H. Douglas, Karl Polanyi, Henry George e incluso las de Adam Smith y Karl Marx. Otros teóricos modernos de la democracia económica incluyen David Schweickart y Richard C. Cook. Además, una variedad de autores y posiciones que se pueden en general definir como partidarios de la economía sostenible mantienen visiones congruentes con la propuesta.

Los proponentes de la teoría están de acuerdo en que las condiciones actuales de inestabilidad o inseguridad económica (ver precarización) tienden a dificultar, o incluso a impedir, a la sociedad en general de obtener los ingresos suficientes para consumir la producción total de esa sociedad.^[3]​ El creciente control monopólico por parte ya sea de las empresas o el Estado sobre los bienes comunes típicamente produce una situación de "escasez artificial", resultando en un desequilibrio socioeconómico que restringe el acceso de la mayoría a oportunidades económicas y disminuye el poder adquisitivo de los ingresos en general,^[4]​^[5]​ lo que conduce a una situación de inestabilidad política y económica.

Asumiendo que los derechos políticos o constitucionales no pueden ser ejercidos plenamente sin derecho a la propiedad,^[6]​ las propuestas de la democracia económica sugieren una variedad de modelos para resolver los problemas de esa inestabilidad o inseguridad y la deficiencia de la demanda efectiva. En general, se promueve el acceso a los bienes comunes que hayan sido privatizados o estén controlados por el Estado. Otras propuestas secundarias abarcan la promoción de cooperativas, comercio justo, renta básica universal o crédito social, y la promoción del desarrollo a través de iniciativas a nivel local o regional.