Se entiende por detención administrativa el arresto y detención de personas por el Estado sin que medie juicio, normalmente aduciéndose motivos de seguridad. Diversos países, tanto democráticos como autoritarios, han recurrido a la detención administrativa como recurso para luchar contra el terrorismo, contra la inmigración ilegal o como medida de mantenimiento del régimen en el poder.

A diferencia del encarcelamiento, que se impone tras una condena en un juicio, la detención administrativa es un mecanismo adoptado a priori, antes de la existencia de un juicio. Mientras que los procesos judiciales tienen un enfoque retrospectivo -intentando aclarar si el acusado cometió un delito en el pasado-, el razonamiento en que se basa la detención administrativa está vinculado a la convicción o especulación en torno a la posibilidad de que el sospechoso pudiese constituir una amenaza en el futuro. Está concebida como una medida preventiva, por contraposición a las medidas punitivas adoptadas tras los procesos judiciales. La práctica de la detención administrativa ha sido criticada por numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos como una grave violación de los derechos civiles y políticos.