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La energía nuclear fue la segunda fuente de generación de energía eléctrica de España en 2021, con un 20,6 % de la producción, por detrás de la eólica (23,3 %).[1] En España hay cinco centrales nucleares de segunda generación[2] en activo con un total de siete reactores: Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo I y Vandellós II. Además, hay un reactor desconectado: Garoña, y dos en desmantelamiento: Vandellós I y José Cabrera-Zorita. Existe una fábrica de combustible nuclear en Juzbado, Salamanca[3] y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad en Hornachuelos, Córdoba.[4] Además, hay un proyecto de construcción de Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, Cuenca para los de mayor radioactividad.[5]
Hasta febrero de 2011 existió una moratoria por la que no se contemplaba la construcción de nuevas centrales,[6] pero en esa fecha se aprobó en el Senado la Ley de Economía Sostenible por la que se permite la ampliación del periodo de vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años si lo autoriza el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).[7]
El desarrollo nuclear español comenzó durante el régimen franquista tras la Segunda Guerra Mundial, de manera independiente (acorde con las políticas autárquicas de la época). Aunque oficialmente se trataba de un programa de uso civil, existía la intención secreta de su aplicación militar. No obstante, y aunque se hicieron notables progresos, no fue hasta la apertura del régimen en la década de 1950 cuando se pudo proyectar la primera central. Este desarrollo precoz situó a España en la vanguardia de la aplicación de estas tecnologías,[8] convirtiéndose en el primer país en desarrollo (en aquel momento) que explotaba comercialmente una central nuclear.[9]
Sin embargo, se trata de un tipo de energía controvertida debido a diferentes aspectos: la seguridad de las centrales nucleares (se han producido en España incidentes de nivel 1, 2 y 3), los residuos radiactivos generados y la proliferación de armamento nuclear, y los grupos ecologistas se declaran mayoritariamente en contra (o más a favor de otros tipos de energía, como las renovables). En cuanto a los partidos políticos, en los últimos años algunos han evolucionado a posiciones más favorables hacia esta, debido a algunas de sus características como la estabilidad de la generación energética y a nuevas preocupaciones como el cambio climático.[10][11][12]