La represión de lo que la dictadura franquista llamó bandidaje y terrorismo se llevó a cabo a través de una serie de disposiciones normativas que tenían básicamente por objeto la persecución y castigo de las actividades de oposición al franquismo, fueran estas pacíficas o armadas. La norma principal fue el Decreto Ley para la Represión del Bandidaje y el Terrorismo, de 18 de abril de 1947, que tenía como objetivo dar cobertura legal a las acciones, a menudo de «guerra sucia», de la Guardia Civil y del Ejército para acabar con la guerrilla antifranquista —los guerrilleros no eran considerados combatientes sino «bandoleros» (en un intento de despolitizar su lucha)—.